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El año pasado, la Secretaria de Movilidad de Bogotá registró 63.026 infracciones de tránsito con las cámaras salvavidas y otras 12.437 se tomaron con otros dispositivos convencionales, el 81% de las infracciones fueron por exceso de velocidad.
A los Bogotanos, las 72 cámaras instaladas les costaron unos 40.000 millones de pesos, para lo cual, muchos ciudadanos e incluso la Procuraduría General de la Nación, se preguntan como hicieron la SMD y otras secretarias para seguir imponiendo comparendos a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional.
El pasado 22 de febrero, la Procuraduría General solicitó a los secretarios de Movilidad de Bogotá, Cali y Medellín, aclarar por incumplimiento sobre el fallo de la Corte Constitucional que establece el lineamiento sobre el cobro de infracciones por foto multas.
La SMD acató la decisión, el 16 de junio del 2020 pero decidió reactivar las cámaras tras el fallo de la Corte, En el fallo de la corte, se deja claro varias cosas en las cuales llama la atención sobre la función de las multas, ratificando que los dineros de estas deben ir programadas de seguridad vial y no convertirse en un instrumento de recaudo de recursos para las entidades estatales.