Bogotá podría entrar al próximo año con menos plata disponible para sus principales obras de movilidad. Según ha planteado el Concejo de la ciudad, el ajuste fiscal que enfrenta el Distrito pondría en riesgo hasta tres billones de pesos del presupuesto destinado a proyectos de infraestructura vial y transporte, justo en un momento en que varias mega obras siguen en ejecución.
¿Qué está en juego?
El recorte no es un dato aislado: golpea directamente iniciativas que ya están en marcha y que dependen de que los recursos lleguen a tiempo. Entre ellas están la primera y la segunda línea del Metro de Bogotá, la troncal de Transmilenio de la calle 13, la extensión de la NQS hacia Soacha, el RegioTram de Occidente y varios proyectos viales en el norte y occidente de la ciudad, como los Accesos Norte, la Autopista Norte y la avenida Longitudinal de Occidente.
Cuando el presupuesto se recorta o se aplaza, lo que suele pasar es que las obras no se detienen del todo, pero sí se renegocian: cambian plazos, se buscan créditos adicionales o se ajustan los aportes de cofinanciación entre la Nación y el Distrito. Eso es justamente lo que ha venido ocurriendo con el Metro y la troncal de la calle 13, cuya financiación ha tenido que reacomodarse más de una vez en los últimos meses.
El llamado a coordinar Nación y Distrito.
Desde el Concejo se ha insistido en que buena parte del problema no es solo de plata, sino de coordinación: cuando Gobierno Nacional y Administración Distrital no se alinean en tiempos y compromisos, los proyectos quedan más expuestos a la incertidumbre. Por eso se ha propuesto construir una agenda de trabajo conjunta que dé certeza jurídica y financiera a las obras en curso, y que incluya una revisión a fondo del RegioTram del Norte, un proyecto sobre el que el Distrito ha pedido ajustes que, hasta ahora, no se han resuelto.
Por qué esto le importa a los bogotanos.
Más allá de las cifras presupuestales, el impacto se siente en el día a día: los habitantes de la ciudad cerca de ocho millones pierden en promedio más de 130 horas al año atrapados en trancones, con el costo ambiental y económico que eso implica. Bogotá aporta cerca de una cuarta parte del PIB nacional, así que retrasar estas obras no solo afecta la movilidad local, sino la competitividad del país en general.
Otros frentes sobre la mesa.
La agenda de movilidad que se ha planteado para la ciudad no se queda solo en las mega obras. También contempla modernizar el parque de taxis, avanzar en la flota eléctrica del SITP, impulsar la ampliación del aeropuerto El Dorado (proyecto conocido como El Dorado MAX) y revisar el funcionamiento de las cámaras de foto detección instaladas en la ciudad, incluyendo su ubicación, calibración y márgenes de error.
A esto se suma una petición poco habitual: una revisión de los procesos internos de la Aeronáutica Civil, luego de reportarse incidentes en la pista de El Dorado y cuestionamientos sobre la experiencia técnica en algunos cargos clave. La lectura de fondo es que la modernización del transporte en Bogotá ya no se discute solo en términos de vías y buses, sino también de seguridad operacional en uno de los aeropuertos más importantes de la región.
