Un boom que llegó para quedarse
Tras la pandemia, algo cambió en la manera en que los colombianos se mueven por sus ciudades. La búsqueda de alternativas más económicas, ágiles y sostenibles impulsó una adopción masiva de vehículos eléctricos livianos. No fue un fenómeno local: las ciudades de todo el mundo comenzaron a replantear su infraestructura de movilidad alrededor de estas tecnologías, reconociendo su enorme potencial para resolver el problema de la “última milla”, ese tramo final entre el transporte masivo y el destino real de cada persona.
Colombia se sumó a esa tendencia con entusiasmo, pero también con desorden. El crecimiento rápido del mercado abrió la puerta a la informalidad: llegaron al país vehículos sin controles adecuados de calidad, baterías sin certificación y estándares de seguridad poco claros. Durante un tiempo, las patinetas eléctricas y los ciclomotores artesanales de combustión convivieron en una misma categoría normativa difusa, lo cual generó confusión tanto para los usuarios como para las autoridades.
La ley que intentó poner orden
Para responder a este vacío, el sector de movilidad eléctrica liviana promovió activamente la construcción de un marco legal propio. El resultado fue la Ley 2486 de 2025, aprobada por el Congreso de la República, que establece una distinción clara: los vehículos eléctricos livianos con un peso inferior a 60 kilogramos quedan exentos de SOAT, licencia de conducción y matrícula.
El criterio del peso no es arbitrario. Está respaldado por estudios internacionales sobre riesgo vial y tiene lógica práctica: una patineta eléctrica convencional pesa entre 25 y 40 kilogramos, muy lejos del perfil de riesgo de una motocicleta o un automóvil. El espíritu de la norma apunta a incentivar estas alternativas limpias frente a tecnologías contaminantes, no a tratarlas como vehículos de alto riesgo.
El riesgo de una regulación desproporcionada
Aquí es donde el debate se complica. El Ministerio de Transporte trabaja actualmente en la reglamentación técnica que desarrollará esa ley, y algunos de los elementos que se han filtrado del borrador generan preocupación en el sector.
Dos puntos concentran buena parte del debate:
- La exigencia de cascos con certificación de motocicleta: para un vehículo que puede costar alrededor de dos millones de pesos, obligar al usuario a adquirir un casco de entre 500.000 y 700.000 pesos representa una carga económica desproporcionada que desincentiva su uso.
- Mecanismos de registro que, aunque no se llamen matrícula, funcionarían de manera similar: introduciendo una burocracia que la ley quiso precisamente evitar.
El riesgo real es que una regulación mal calibrada logre lo que ningún obstáculo tecnológico ha podido: frenar la adopción de una movilidad más limpia y eficiente.
Desinformación: el otro obstáculo
Más allá de la regulación, hay otro factor que está afectando al sector: la desinformación. En los últimos meses circularon noticias que, según voces del sector, exageran los riesgos asociados al uso de patinetas y bicicletas eléctricas, generando desconfianza entre consumidores que ya las usan como medio de transporte cotidiano. El efecto ya se nota: las ventas han comenzado a desacelerarse y muchos usuarios sienten incertidumbre sobre si están o no del lado correcto de la ley.
Esto no significa que no deban existir controles. Significa que la conversación pública sobre movilidad eléctrica necesita más rigor, más contexto y menos pánico.
Lo que está en juego
La transición hacia una movilidad más eléctrica no es una tendencia pasajera: es una transformación estructural que ya está ocurriendo en las grandes ciudades del mundo. Colombia tiene la oportunidad de montarse a ese cambio con inteligencia, diseñando reglas que garanticen seguridad vial sin ahogar una industria que puede contribuir significativamente a reducir la contaminación y la congestión urbana.
El reto no está en elegir entre seguridad e innovación. Está en entender que, bien hecho, no tienen por qué ser opuestos.
