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Preguntas Frecuentes
Cuando ha sido despedido sin justa causa, no le pagan lo justo, hay conflictos con su empleador o necesita hacer valer sus derechos como trabajador o empleador ante una situación legal.
Tiene derecho a una indemnización. Nuestros abogados pueden revisar su caso y reclamar ante el empleador o demandar judicialmente para obtener el pago correspondiente por el despido injustificado.
Sí. Lo acompañamos en la revisión de la liquidación, el cálculo correcto de sus prestaciones sociales y, si es necesario, en el proceso judicial para exigir el pago.
Tiene derecho a un salario justo, afiliación a seguridad social, prestaciones legales (cesantías, primas, vacaciones), condiciones laborales dignas y protección contra despidos arbitrarios.
Sí. Brindamos asesoría y defensa legal en casos de acoso laboral o discriminación en el entorno de trabajo, promoviendo acciones legales y protección del trabajador.
Sí. Es una obligación del empleador realizar estos aportes. Puede reclamar judicialmente y solicitar sanciones para el empleador. Nosotros lo asesoramos en todo el proceso.
Sí. Asesoramos a empleadores en contratación legal, manuales de funciones, manejo de conflictos laborales, liquidaciones y cumplimiento de normas del Código Sustantivo del Trabajo.
A través de pruebas como mensajes, testigos, pagos, horarios y cualquier evidencia que demuestre la existencia de la relación laboral. Nuestros abogados lo ayudan a recopilar y presentar estas pruebas.
Sí. Tiene hasta tres años para reclamar derechos laborales no prescritos. Mientras más rápido actúe, mayores son las posibilidades de éxito.
No. Aunque nuestra sede principal está en Bogotá, contamos con abogados laboralistas en todo el país y ofrecemos atención virtual para mayor comodidad.
Debe buscar un abogado penalista inmediatamente si ha sido capturado, citado por la fiscalía, está siendo investigado o cree que podría enfrentar un proceso penal. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia en el resultado del caso.
Un abogado penalista se encarga de defender los derechos de una persona acusada de un delito. Asesora desde la etapa preliminar, acompaña en audiencias, negocia beneficios judiciales y busca garantizar el debido proceso.
En delitos como homicidio, lesiones personales, hurto, violencia intrafamiliar, abuso sexual, porte ilegal de armas, delitos informáticos, estafa, entre otros. Nuestros abogados cuentan con experiencia en casos complejos y de alto impacto.
Sí. Como víctima de un delito, tiene derecho a representación legal para exigir justicia, reparación e indemnización. Nuestro equipo lo acompaña en la denuncia, recolección de pruebas y todo el proceso judicial.
Sí. En Grupo Empresarial Protección S.A.S. contamos con atención penal de emergencia 24/7 en Bogotá y cobertura nacional. Sabemos que los procesos penales pueden iniciar en cualquier momento.
Dependerá del tipo de delito, sus antecedentes y la etapa del proceso. Nuestros abogados penalistas evalúan su caso y gestionan alternativas como detención domiciliaria, principio de oportunidad o suspensión condicional del procedimiento.
Los honorarios dependen de la complejidad del caso, el tipo de delito y la duración del proceso. Ofrecemos tarifas claras, facilidades de pago y descuentos especiales para afiliados.
No declare sin un abogado. Comuníquese con nosotros de inmediato. Le brindaremos asesoría jurídica antes de cualquier actuación para proteger sus derechos desde el inicio del proceso.
Sí. Tiene derecho a elegir su defensor de confianza. Si no está conforme con la asesoría recibida, puede solicitar el cambio en cualquier etapa del proceso.
Sí. Todos nuestros abogados en derecho penal en Bogotá y otras ciudades están debidamente titulados, inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura y cuentan con amplia experiencia en litigio penal.
Un abogado civil se encarga de representar y asesorar a personas naturales o jurídicas en casos que involucran contratos, herencias, propiedad, deudas, daños y perjuicios, entre otros. Su función es proteger sus intereses y derechos en relaciones jurídicas entre particulares.
Cuando tenga un conflicto legal relacionado con bienes, contratos, familia, herencias o deudas. También si desea prevenir riesgos al firmar acuerdos, presentar demandas o realizar trámites legales que involucren su patrimonio.
Sí. Nuestros abogados pueden revisar su caso, iniciar procesos judiciales para exigir el cumplimiento del contrato, el pago de indemnizaciones o incluso solicitar su terminación si hay justa causa.
Claro. Ofrecemos acompañamiento completo en procesos de sucesión intestada o testada, repartición de bienes, validación de testamentos y solución de conflictos entre herederos.
Podemos ayudarle a defender su derecho de dominio mediante acciones legales como procesos de pertenencia, reivindicatorios o medidas cautelares, según su caso.
Sí, pero siempre es recomendable que un abogado revise o redacte el contrato para evitar ambigüedades, cláusulas abusivas o futuros problemas legales.
Sí. Defendemos tanto a víctimas como a personas demandadas en casos de daños a personas o bienes, ya sea por accidentes, negligencia o incumplimiento de obligaciones.
Sí. Ofrecemos acompañamiento en procesos de conciliación extrajudicial como alternativa eficaz y menos costosa para resolver disputas sin necesidad de acudir a los tribunales.
Dependerá del caso, pero usualmente se requieren documentos de identidad, contratos, pruebas escritas, comunicaciones previas, testamentos o escrituras. Nuestros abogados lo orientarán.
Aunque nuestra oficina principal está en Bogotá, contamos con cobertura nacional. Atendemos casos de derecho civil en todo el país, de forma presencial o virtual.
Un abogado administrativo asesora y representa a personas naturales o jurídicas en conflictos con entidades públicas, demandas contra actos administrativos y procesos relacionados con derechos frente al Estado.
Sí. Si una entidad pública emite un acto arbitrario, niega un trámite injustificadamente o causa un daño, usted puede demandar al Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Es una demanda que permite anular un acto administrativo ilegal y restablecer los derechos del afectado, como reintegro laboral, pago de salarios o revocatoria de sanciones.
Puede presentar un derecho de petición. Si no responde en el tiempo legal, es posible presentar una queja, tutela o acción de cumplimiento, dependiendo del caso. Nosotros lo guiamos.
Sí. Brindamos representación jurídica en investigaciones disciplinarias o fiscales, tanto en defensa de funcionarios públicos como en representación de ciudadanos afectados.
Sí. Asesoramos a personas y empresas en licitaciones, presentación de propuestas, análisis de pliegos y ejecución de contratos estatales.
Sí. Puede presentar una acción de reparación directa si una entidad del Estado le causa un daño injustificado por acción u omisión. Evaluamos y gestionamos su reclamación.
Es una decisión formal de una autoridad pública. Puede impugnarse cuando vulnera derechos, excede la ley o no cumple con los requisitos legales. Lo ayudamos a presentar su recurso.
Depende del tipo de acción. Por ejemplo, para una nulidad y restablecimiento del derecho, tiene 4 meses desde la notificación del acto. Evaluamos su caso y lo guiamos dentro del plazo legal.
No. Aunque nuestra sede principal está en Bogotá, brindamos asesoría en derecho administrativo en todo el país, con atención presencial o virtual.
Defiende legalmente a miembros de la Fuerza Pública que enfrentan investigaciones o procesos judiciales por actos cometidos en servicio, ya sea ante la jurisdicción penal militar o la justicia ordinaria.
Cuando el hecho investigado está directamente relacionado con actos del servicio, cometidos por un militar o policía en ejercicio de sus funciones. De lo contrario, puede ser asumido por la justicia ordinaria.
Sí. Si se considera que el hecho no tiene relación directa con el servicio o se configura una violación a derechos humanos, el caso puede pasar a la jurisdicción ordinaria.
Delitos como abuso de autoridad, desobediencia, abandono del puesto, extralimitación de funciones, homicidio en servicio, omisión del deber, entre otros.
Puede haber una colisión de competencias. Nuestros abogados penalistas militares lo asesoran y gestionan el proceso para que se defina la jurisdicción competente, siempre protegiendo sus derechos.
Sí. Como en cualquier proceso penal, existen recursos legales para impugnar decisiones ante instancias superiores. Lo guiamos en cada etapa del proceso.
Sí. Representamos a uniformados en investigaciones internas, comités de disciplina, y procesos ante la Inspección General o entes de control.
La penal militar juzga hechos cometidos en servicio por uniformados. La justicia ordinaria atiende delitos comunes. Ambos sistemas operan bajo principios diferentes, aunque deben respetar los derechos fundamentales.
Sí. Aunque estamos ubicados en Bogotá, atendemos casos de derecho penal militar en todo el territorio nacional, de manera presencial o virtual.
No responda sin asesoría. Contáctenos de inmediato. Nuestro equipo lo acompañará desde la primera diligencia para proteger su integridad jurídica y profesional.
Todo servidor público, así como particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos estatales.
Tan pronto reciba una queja o citación inicial; una asesoría temprana evita errores que puedan agravar la investigación.
Procuraduría General de la Nación, Personerías municipales y las oficinas de control interno de cada entidad estatal.
Amonestaciones, suspensiones, multas, destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Sí. Tiene derecho a interponer recursos de reposición y apelación dentro de los plazos legales.
Por regla general, el término de la investigación es de 12 meses y el de juzgamiento otros 12, aunque puede variar según el caso.
Solo si la entidad demuestra que su permanencia puede obstaculizar la investigación o poner en riesgo el servicio público.
Documentos, testimonios, peritajes, registros audiovisuales y cualquier medio idóneo que demuestre los hechos.
Se surten procesos independientes: uno disciplinario y otro penal; el resultado de uno puede influir, pero no determina necesariamente el otro.
Sí. Brindamos representación presencial y virtual en todo el territorio nacional.
Representa a personas o entidades en procesos legales donde intervienen autoridades del Estado, y asesora sobre relaciones y trámites con la administración pública.
El derecho público regula relaciones con el Estado y busca el interés general, mientras que el derecho privado se enfoca en relaciones entre particulares.
Sí. Puede presentar una acción de reparación directa si una entidad pública causó un daño injustificado por acción u omisión.
Es una decisión emitida por una autoridad pública. Puede impugnarse mediante recursos administrativos o demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sí. Brindamos acompañamiento en licitaciones, revisión de pliegos, contratos estatales y solución de controversias contractuales.
Derecho a la igualdad, al debido proceso, a la información, al acceso a trámites, y a no ser discriminado ni afectado por decisiones arbitrarias.
Ministerios, alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas, empresas públicas, fuerzas armadas y cualquier organismo que ejerza función pública.
Es un mecanismo legal para exigir que una autoridad cumpla con una ley o acto administrativo vigente que ha sido ignorado o incumplido.
Sí. Puede contratar un abogado particular para su defensa en procesos administrativos o disciplinarios.
Sí. Aunque nuestra sede principal está en Bogotá, brindamos atención jurídica en derecho público en todo el territorio nacional.
Representa y asesora a personas o empresas en asuntos legales entre particulares, como contratos, propiedades, familia, herencias y obligaciones civiles o comerciales.
El derecho privado regula relaciones entre particulares; el público regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
Sí. Nuestros abogados pueden ayudarle a reclamar el cumplimiento, la indemnización o la terminación del contrato según lo acordado.
Compraventas, arrendamientos, mutuos, sociedades, servicios, contratos civiles y comerciales, con cláusulas claras y ajustadas a la ley.
Sí. Lo orientamos en la elaboración de testamentos, partición de herencias, procesos de sucesión y solución de conflictos entre herederos.
Sí. Brindamos asesoría en procesos de alimentos, custodia de menores, separaciones, divorcios y acuerdos familiares.
Puede iniciar un proceso de cobro judicial con respaldo documental. Lo ayudamos a recuperar su dinero mediante mecanismos legales.
Son derechos que una persona tiene directamente sobre una cosa, como propiedad, usufructo, servidumbre, entre otros.
Sí. Ofrecemos soluciones extrajudiciales como la conciliación, lo cual ahorra tiempo, costos y mantiene relaciones cordiales entre las partes.
Sí. Aunque estamos ubicados en Bogotá, prestamos asesoría legal en derecho privado a nivel nacional, con atención presencial o virtual.
Asesora y representa legalmente en casos relacionados con la familia, como divorcios, alimentos, custodia, visitas, adopciones o herencias.
Debe presentar el registro civil de matrimonio, de nacimiento de los hijos (si los hay), y un acuerdo sobre bienes y custodia. Si no hay acuerdo, se tramita un divorcio contencioso.
Sí. Ambos padres tienen la obligación de garantizar el sustento de sus hijos, sin importar si existe o no un vínculo matrimonial.
Puede acordarse entre los padres o, si hay conflicto, lo define un juez con base en el interés superior del menor.
Sí. Si cambian las circunstancias económicas o familiares, se puede solicitar la modificación del acuerdo o de la sentencia.
Puede iniciarse un proceso ejecutivo de alimentos o una denuncia por inasistencia alimentaria. Nuestro equipo lo asesora legalmente.
Si es de mutuo acuerdo, puede tardar entre 1 y 2 meses. Si es contencioso, dependerá de la carga del juzgado y del tipo de conflicto.
Puede presentar una demanda de impugnación acompañada de pruebas. Se tramita judicialmente y puede incluir pruebas de ADN.
Sí. La ley colombiana permite la adopción por parte de personas solteras, siempre que cumplan con los requisitos legales y se garantice el bienestar del menor.
Sí. Aunque nuestra sede principal está en Bogotá, prestamos asesoría en derecho de familia a nivel nacional, con atención presencial y virtual.
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