Una alerta lanzada en redes sociales puso en el centro del debate una disposición incluida en un proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República. Según la denuncia, se estaría incorporando de manera discreta una nueva obligación económica para todos los ciudadanos que cuenten con licencia de conducción vigente en el país.
De acuerdo con lo expuesto públicamente, el artículo en cuestión contempla la creación de un seguro de responsabilidad extracontractual de carácter obligatorio. El elemento que más llama la atención es que este seguro no estaría asociado al vehículo como ocurre actualmente con el SOAT sino directamente a la persona titular de la licencia. Esto significaría que cualquier conductor con licencia activa tendría que adquirir una póliza anual, independientemente de si posee o no un automóvil o motocicleta.
Un universo amplio de obligados
Según cifras del registro nacional de tránsito, en Colombia hay alrededor de 13 millones de personas con licencias de conducción vigentes. Si la iniciativa llegara a convertirse en ley en los términos denunciados, todos ellos quedarían cobijados por esta nueva obligación, lo que ampliaría significativamente el número de personas que hoy en día deben asumir costos de seguros viales.
El costo: una ecuación cuestionada
La propuesta establece coberturas mínimas diferenciadas: el equivalente a 15 salarios mínimos para quienes conduzcan automóvil, y 7 salarios mínimos para motociclistas. Al mismo tiempo, el texto fijaría un tope al valor de la póliza del 0,5% sobre el monto asegurado.
Quienes han analizado la medida sostienen que esa combinación genera una contradicción práctica: el precio máximo permitido sería tan bajo que el producto resultaría inviable para las aseguradoras, lo que en la práctica llevaría a ajustar las condiciones comerciales por fuera de lo previsto en el articulado.
Con base en estimaciones propias, se han proyectado costos cercanos a los $367.000 anuales para licencias de motocicleta y de hasta $786.000 anuales para licencias de automóvil. Al multiplicar estas cifras por el total de licencias activas, el impacto económico agregado podría superar los $6,9 billones al año.
Una “adición” que no pasó desapercibida
La disposición habría sido introducida en una etapa avanzada del proceso legislativo, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del trámite. Desde distintos sectores se ha pedido que el Congreso revise con detenimiento el alcance real de la medida antes de que avance en su aprobación.
Por ahora, el debate está abierto. Lo que está claro es que, de prosperar la iniciativa en sus términos actuales, millones de colombianos muchos de ellos sin vehículo propio podrían enfrentar una nueva carga financiera cada año solo por tener una licencia de conducción activa.
